Alejandra Plancarte sobre el plano legislativo y su impacto en la realidad social.

«Desde la política, la credibilidad no es un valor moral, sino una condición de gobernabilidad», señala Alejandra Plancarte. Ella realiza esta aseveración porque estamos conversando acerca de temas de seguridad pública; y, para precisar, sobre impunidad y desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. Plancarte señala que estos dos aspectos no son necesariamente tópicos distintos, sino que tienen una amplia relación: «Cuando un delito no se castiga, la ciudadanía no solo se queda sin justicia; se queda con la sensación de abandono. Y cuando esa sensación se acumula, lo que se rompe no es la «opinión pública», sino el pacto básico: la idea de que el Estado sí está para protegerte», comenta. 

Profesionalmente, nuestra invitada es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Campus Tabasco. Desde muy temprana edad, Alejandra Plancarte mostró un interés genuino por comprender las reglas que organizan la vida colectiva, así como por analizar de qué manera las normas —sociales, morales y de otra índole— pueden convertirse en instrumentos efectivos para la protección de la dignidad de las personas: ese tipo de cuestionamientos que uno se hace desde el desconocimiento formal, un replanteamiento de la realidad. 

Pero, inevitablemente, la formación académica no estuvo exenta de desafíos. Como ocurre con muchas mujeres jóvenes que inician su vida profesional, hubo momentos en los que tuvo que demostrar que la disciplina y la preparación podían abrir camino incluso en contextos donde todavía persisten dudas sobre la capacidad de la juventud o sobre la participación femenina en espacios de decisión. Lejos de asumir esos episodios como obstáculos, Alejandra Plancarte los convirtió en «estímulos constantes para prepararse con mayor rigor y asumir con seriedad cada responsabilidad». 

Durante el desarrollo de su formación profesional como abogada, Plancarte entendió la importancia de involucrarse activamente en espacios académicos de investigación jurídica. Por ejemplo, ella fue parte del Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación sobre Justicia Transnacional en Bogotá, Colombia; y, posteriormente, destacó en las Jornadas Estudiantiles del Seminario Internacional de Derecho Penal y Criminología en Ambato, Ecuador; obteniendo el primer lugar en ambas participaciones: «[…] espacios que me obligaron a estudiar con mayor profundidad, a contrastar ideas y a comprender que el Derecho tiene una dimensión mucho más amplia que la que solemos ver en las aulas», puntualiza. 

En la actualidad, Alejandra Plancarte es diputada local en el Congreso del Estado de Tabasco, por el Partido Verde Ecologista de México. Como ella señala, su labor como legisladora parte desde el principio de realidad, donde tiene que realizarse un estudio de las posibilidades y limitaciones del entorno social: «Antes de pensar qué leyes creemos necesarias, debemos comprender qué problemas están viviendo realmente las personas», menciona. 

Alejandra Plancarte fue designada por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. Bajo cualquier circunstancia, esta decisión no representa un hecho aislado, sino la consecuencia de una trayectoria que, aunque todavía en desarrollo, ha sabido combinar disciplina técnica y un excelente perfil académico: un trayecto desde la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto dentro de la Fiscalía General del Estado como Fiscal del Ministerio Público Investigador, hasta ser responsable de la estadística institucional y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2019; experiencias que redefinieron su manera de entender la justicia: «Tuve que asumir decisiones complejas, revisar casos que implicaban violencia real; entender que detrás de cada expediente hay personas, familias y comunidades enteras esperando una respuesta del Estado», comparte. 

«He decidido prepararme cada día no únicamente para ser una mejor abogada, sino también una mejor servidora pública: alguien capaz de actuar con firmeza, pero también con responsabilidad frente a las consecuencias de cada decisión», señala.

Igualmente, Alejandra Plancarte ha sido profesora en el nivel superior educativo, específicamente en la licenciatura en Derecho; una labor que requiere vocación y empatía. Tal y como señala, esto ha representado un «espacio que permite escuchar con mucha claridad qué inquietudes tiene realmente una generación que está comenzando a entender su papel dentro de la vida pública». Para Plancarte, el trabajo jurídico —y particularmente el legislativo— no puede construirse únicamente desde la teoría o desde la opinión personal; requiere escuchar a las personas, entender sus problemas concretos y, finalmente, reconocer que las prioridades sociales no siempre coinciden con lo que se imagina desde el escritorio. Esto, en síntesis, es lo que quiere transmitir a sus alumnos.

A raíz de su encargo como legisladora, tuvo que pausar el trabajo docente: «Por tiempos, era lo ideal. No me gustaría quedarles mal a los chicos» comenta. A pesar de ello, puede notarse que era una actividad que disfrutaba demasiado; nuestra invitada comparte que la dinámica en el salón de clases solía ser muy enriquecedora: por parte de los estudiantes, había un interés genuino por entender «cómo involucrarse, cómo incidir y, sobre todo, cómo lograr que las instituciones respondan de manera efectiva a las necesidades de la sociedad». Al mismo tiempo, ella define estas dudas como una inquietud constante por comprender cómo se construyen las decisiones públicas y qué papel puede desempeñar el derecho en ese proceso.

Recuerda, además, que muchas de esas conversaciones ocurrieron apenas unos meses después de haber participado en un proceso electoral como candidata a diputada; particularmente, un aspecto interesante en medio del diálogo académico, ya que permitía contrastar la teoría jurídica con la práctica política, la lectura de textos legales con la escucha directa de las personas en comunidades y territorios diversos.

Plancarte, ahora, mira en retrospectiva: «El servicio público tiene sentido cuando logra sembrar algo que trasciende el momento. La enseñanza tiene algo muy valioso: permite formar criterio», comparte. Quizá por eso conserva un deseo que, bajo cualquier punto de vista sensato, podría etiquetarse como sencillo: regresar algún día a las aulas. No solo para hablar de derecho, sino para acompañar a nuevas generaciones en la construcción de criterio propio y compromiso cívico. Y si hay algún aspecto que impulse a Alejandra Plancarte para seguir trabajando todos los días, es precisamente ese: contribuir, desde donde le toque estar, a que Tabasco tenga no sólo buenos abogados, sino ciudadanos conscientes de su papel en la construcción de una sociedad más justa.